El PSOE deja clara su política de empleo: enchufar a los de su partido en todas las administraciones en las que gobierna, llevándolas a la ruina.
El Partido Popular de Jerez considera que es una vergüenza que el PSOE haya dado la callada por respuesta con respecto a Rubén Pérez Carvajal, secretario de Empleo de la Ejecutiva socialista en la provincia, y su implicación como imputado en un supuesto caso de contratación ilegal en el Ayuntamiento de Jerez.
Para el PP, el silencio de los socialistas deja muy claro cuál es y ha sido siempre su política de empleo, que no ha sido otra que enchufar a los miembros del PSOE en todas las administraciones en la que ha gobernado y gobierna, dejándolas en la más absoluta ruina.
Ése es el caso de Rubén Pérez, que entró a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Jerez en 2005 para ocupar un puesto de delineante sin tener la formación requerida, y de la mano de la entonces alcaldesa socialista Pilar Sánchez, imputada también en este caso por prevaricación y falsedad documental.
Los populares entienden que es el colmo del cinismo y una gran falta de respeto a los miles de parados que hay en Jerez y en la provincia de Cádiz, que el PSOE mantenga como responsable de las políticas de Empleo a una persona que supuestamente entró enchufada en el Ayuntamiento de Jerez, y que dejó sin la oportunidad de acceder a un empleo a trabajadores que sí estaban cualificados para el puesto ofertado.
El PP de Jerez considera, asimismo, un despropósito de magnitud que el socialista Rubén Pérez desempeñe, además, funciones de defensa de los trabajadores municipales desde su cargo de delegado sindical de UGT, motivo por el que no le ha afectado el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento.
Los populares se preguntan a quiénes está representando el sindicato UGT al mantener a Rubén Pérez como delegado, ¿a los trabajadores o a las políticas de empleo del PSOE y sus enchufes?
El PP recuerda las contradictorias manifestaciones de UGT, quien manifestó su intención de echar a Rubén Pérez del sindicato en noviembre de 2010 por la gravedad de su imputación, por lógica incompatibilidad con la labor de defensa de los trabajadores municipales, para que, poco después, otra fuente del mismo sindicato reafirmara a Rubén Pérez como delegado en el Ayuntamiento, donde sigue siendo liberado sindical y no ejerce de delineante.
En este sentido, el PP quiere destacar que su liberación sindical se paga con dinero público, por lo que no es de recibo que se dedique a hacer política para su partido, el PSOE, a costa de los jerezanos.
El caso de Rubén Pérez forma parte del conocido como ‘caso de los asesores’, en el que secretario provincial de Empleo del PSOE pasó de ser testigo a imputado, una vez que la propia Pilar Sánchez declaró ante la juez que el contrato de Rubén Pérez no era de confianza y que se contrató a través del Serjil, donde se sucedieron las supuestas irregularidades en la contratación.
Una de estas irregularidades, por ejemplo, es que hubo candidatos al puesto de delineante, que cumplían perfectamente los requisitos, a los que ni siquiera se les llamó para una entrevista. En este sentido, la ex jefa del departamento de Promoción de Empleo –al cual estaba adscrito el Serjil-, admitió ante la juez que recibió presiones para colocar personal.
También hay que recordar que, según las propias declaraciones de Pérez en el Juzgado, éste se inscribió en el Serjil tan sólo un día antes de que saliera la oferta de la plaza de delineante, para los que se exigían conocimientos de los que el actual responsable provincial de Empleo del PSOE no disponía. Y aún así entró a formar parte de la plantilla municipal, donde hoy sigue.
Por este caso, Pilar Sánchez está acusada de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación de cinco militantes del PSOE. La jueza explica literalmente en el auto que Pilar Sánchez, "aprovechándose de las facultades del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y en calidad de tal, ordena la contratación de determinadas personas afines política o personalmente (...) sin que se cumplan los requisitos exigibles legalmente para tales contrataciones".
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